En México, la violencia y el crimen organizado dejaron de ser un problema solo de seguridad para convertirse en un lastre que impacta directamente en la economía nacional. Recientes estimaciones oficiales calculan que el costo de esta inseguridad ronda los 4.5 billones de pesos, una cifra que no sólo asombra por su magnitud, sino porque equivale a casi una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Más allá de las calles, un golpe a la inversión y la productividad
Este impacto no se limita a las pérdidas visibles en términos de seguridad pública o daños materiales. La violencia permea en sectores formales clave, socavando la confianza para invertir y frenando la productividad. No se trata solo de negocios que se cierran o regiones que se vuelven inhóspitas, sino también de un freno silencioso que ralentiza el desarrollo económico e incluso la innovación, elementos vitales para el crecimiento a largo plazo.
Una estrategia con miras al futuro
Ante esta compleja realidad, el gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, enfocada en cuatro pilares fundamentales. Entre ellos sobresalen el abordaje integral de las raíces de la violencia y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Paralelamente, se impulsa una mejora en la inteligencia y la coordinación interinstitucional con el fin de debilitar las estructuras del crimen organizado, que aún controlan una parte significativa de la distribución de productos a lo largo del territorio nacional.
Operativos y su impacto en la frontera
Durante el último año, uno de los esfuerzos más visibles fue el despliegue de la operación ‘Frontera Norte’, que movilizó a 10 mil efectivos en las zonas fronterizas para contener la inseguridad. Sin embargo, los especialistas advierten que la violencia mantiene un efecto persistente y adverso en la economía, elevando los costos operativos para las empresas y afectando la fuerza laboral.
Desafíos para un cambio tangible
La estrategia del gobierno busca ser integral, pero las cifras revelan un enorme reto: la violencia ya representa una carga económica que consume una alta proporción del PIB. Este diagnóstico obliga a mantener la vigilancia y el escrutinio desde distintos frentes, especialmente por parte de la comunidad empresarial y social. El interés común es que, mediante colaboración efectiva y decisiones firmes, se logre aliviar esa pesada factura que la delincuencia impone cada día a México.
