Este delito es una de esas lacras que afecta no solo a quienes la padecen en lo personal, sino que también deja una sombra sobre sectores productivos y comunidades enteras
. Comerciantes, empresarios y ciudadanos reportan un aumento en modalidades como el cobro de piso desde 2019, una práctica que ha generado alarmas en varios ámbitos. La creación de este manual responde a esa realidad, buscando que todas las fiscalías estatales actúen bajo un mismo protocolo eficiente y homogéneo.
Un esfuerzo federal y local coordinado contra la extorsión en México
Este esfuerzo no se limita a la Fiscalía General. También involucra a autoridades municipales y estatales, que están invitadas a implementar reformas para fortalecer sus áreas especializadas en combatir la extorsión. En la reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobaron acuerdos para que los gobiernos locales armonicen sus estrategias con la agenda federal prevista para 2026.
Una parte fundamental de la estrategia incluye que cada estado presente ante sus congresos reformas que cierren vacíos legales y mejoren la estructura institucional dedicada a este delito. De esta manera se busca no solo un marco normativo actualizado, sino también una operación más eficaz que facilite desde la denuncia hasta el seguimiento puntual de cada caso.
Más allá de los documentos y acuerdos, lo que está en juego es el bienestar de miles de mexicanos que esperan no solo que se frene la tendencia creciente de la extorsión en México, sino que haya una verdadera garantía de justicia. El proyecto apunta a que en 2026 exista una política pública donde el combate a la extorsión se ejecute con protocolos claros, coordinación entre niveles de gobierno y una legislación sólida que permita enfrentar este delito con mayor contundencia.
