Una respuesta oficial que descarta persecución política
Durante una conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier intención política detrás de esta acción fiscal. Aseguró que el proceso cuenta con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y enfatizó que ahora corresponde a las empresas del Grupo Salinas atender la situación conforme a la ley vigente. La claridad en su discurso muestra el interés del gobierno en mantener la legalidad al frente de la controversia, sin caer en el terreno de las acusaciones o interpretaciones que tiendan a politizar el conflicto.
El empresario responde con denuncia y acusaciones en redes
Por su parte, Salinas Pliego ha tomado un camino paralelo: desde sus plataformas digitales ha denunciado lo que llama una “persecución política”, llegando incluso a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta reacción no solo refleja la postura del empresario frente a la acción fiscal, sino que también enciende una discusión sobre la relación entre el poder económico y el Estado en México. En este cruce, cada paso parece medirse no sólo por las leyes, sino también por la presión pública y mediática.
Las empresas frente al SAT: un proceso abierto y vigilado
Después de la notificación, se abrió un periodo oficial para que las empresas vinculadas con el caso puedan acercarse al SAT y definir la manera de cumplir con sus obligaciones fiscales. Este lapso es vital, pues puede determinar el rumbo que tomará el conflicto y los ajustes que podrían efectuarse al monto o a las condiciones reclamadas. La atención sigue puesta, dado que la suma requerida por Hacienda es una de las más significativas de los últimos años y afecta a sectores clave en la economía mexicana.
Un episodio que revela tensiones profundas en el sistema fiscal y político
Este caso no solo se trata de una deuda millonaria; pone en evidencia los desafíos para el Estado mexicano en la cobranza y fiscalización de los grandes grupos empresariales. También instala una narrativa sobre la percepción pública de justicia fiscal y el equilibrio entre poder político y económico. Mientras el SAT mantiene su posición técnica y la administración pública asegura la legalidad del proceso, la sociedad observa expectante, consciente del impacto que tendrá este episodio en la confianza hacia las instituciones y en la dinámica de poder dentro del país.
