Un paso sin retorno hacia la consulta ciudadana
La LXVI Legislatura oaxaqueña dio luz verde a esta iniciativa con un contundente respaldo de 34 votos a favor. Se reformó la ley electoral local para permitir que la población exprese su opinión sobre la continuidad del gobernador durante el próximo año 2026. La convocatoria se lanzó con suficiente anticipación, estableciendo el compromiso de que la consulta se realizará en el primer semestre del año. Desde su trinchera, Salomón Jara Cruz anunció su voluntad de aceptar cualquier resultado que emane de esta expresión popular.
Reacciones encontradas y tensiones latentes
Las movilizaciones mediáticas no tardaron. La Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la revocación, calificándola como una maniobra de simulación en medio de acusaciones que apuntan a posibles pactos entre el gobierno y grupos cercanos. A ese rechazo se sumaron diversas organizaciones sociales, que interpretan el proceso como un intento por legitimar a la administración estatal de manera forzada, mientras claman por la ausencia de políticas públicas que respondan verdaderamente a las necesidades de la población.
Un proceso vigilado y la expectativa ciudadana
Las autoridades electorales trabajan para que esta consulta se lleve a cabo conforme a la ley, apuntalando mecanismos para garantizar una participación efectiva y transparente. En el fondo, el seguimiento a este proceso refleja un ejercicio cívico que, más allá de la figura del gobernador, confronta a Oaxaca con preguntas cruciales: cómo se construye legitimidad política y qué papel juega la ciudadanía en la toma de decisiones.
En el reloj de Oaxaca, se acerca la consulta decisiva
Mientras los días avanzan, el estado se prepara para un evento que podría redefinir no solo el futuro del gobierno local, sino también abrir nuevas rutas en el mapa político mexicano. Con la revisión final de los preparativos electorales, Oaxaca entra en una etapa donde las voces ciudadanas tomarán un papel protagónico para determinar el destino del Ejecutivo estatal.
