Un impuesto que crece, pero con precaución
La cuota establecida llega a 6.70 pesos para la gasolina regular, 5.66 para la premium y 7.36 para el diésel. Comparado con el año anterior, donde la cuota para la gasolina regular era de 6.46 pesos por litro, este ajuste refleja un incremento que responde a las presiones inflacionarias. Pero estos números no se traducen de inmediato en una alza directa para los consumidores.
La Secretaría de Energía y Hacienda dejaron claro que el aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es solo una pieza del rompecabezas que conforma el precio final al público.
El precio que vemos: estabilidad en medio del cambio
Los primeros meses de 2026 han mostrado una calma relativa en los costos que enfrentan los consumidores: las variaciones en diferentes regiones del país permanecen mínimas. Esta estabilidad se debe, en parte, a los estímulos fiscales que el gobierno ha mantenido, amortiguando el impacto inmediato del alza del IEPS. Sin embargo, no deja de ser significativo que la cuota fija represente hasta un 30% del precio final de la gasolina, un peso considerable dentro del costo total que paga el usuario.
Un golpe directo al bolsillo de transportistas y empresas
Aunque al consumidor final puede parecerle un cambio sutil, los ajustes a las reglas fiscales tienen un efecto más palpable en el sector empresarial y los transportistas. La Secretaría de Hacienda modificó los criterios para la deducción fiscal en la compra de combustible, exigiendo una comprobación estricta y el registro específico de los vehículos. Estos nuevos lineamientos obligan a un control más minucioso para justificar gastos y reflejan un intento por afinar la recaudación sin perder de vista la protección fiscal en ciertos sectores.
Monitoreo constante en un mercado dinámico
La actualización en la cuota del IEPS es parte de una política tributaria que busca incrementar la recaudación fiscal para 2026 sin provocar alteraciones bruscas en el bolsillo del consumidor. La Secretaría de Hacienda se mantiene en alerta, observando la evolución de los precios y las dinámicas del mercado para determinar si serán necesarios nuevos ajustes conforme avance el año.
Esta precaución revela el equilibrio que buscan las autoridades entre mantener ingresos públicos y facilitar la estabilidad económica en el sector energético.
