Un choque que mezcla política, activismo y comercio informal
Más allá de su papel en el Congreso, preside ProDiana A.C., una organización civil dedicada a la defensa de los derechos humanos, con un enfoque particular en personas transgénero. Como líder de comerciantes ambulantes en Cuauhtémoc, su voz resuena entre quienes diariamente enfrentan operativos municipales que buscan retirar puestos informales en calles y plazas.
La violencia estalló durante un operativo cerca del Metro San Cosme, donde funcionarios de la alcaldía y vendedores se cruzaron en un choque que terminó con disparos. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció agresiones directamente atribuidas a vendedores vinculados a Sánchez Barrios, mientras que la diputada responsabilizó a la autoridad municipal por sembrar el clima de violencia.
Investigaciones abiertas y voces enfrentadas
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene activa una investigación para esclarecer los hechos. Al mismo tiempo, hay denuncias que apuntan a un presunto vínculo de allegados a Sánchez Barrios con actividades de extorsión y robo en pandilla, acusaciones que la legisladora ha rechazado enérgicamente. A pesar del ataque y las controversias, ella sigue su labor política, situándose en el epicentro de un conflicto que involucra no solo intereses económicos, sino derechos y dignidades sociales.
Una historia con raíces políticas y activismo constante
Diana Sánchez Barrios lleva en la política un legado familiar: es hija de Alejandra Barrios Richard, exdiputada priista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Su carrera ha estado ligada a partidos de izquierda, y su activismo ha puesto especial atención en comunidades vulnerables, reflejando una trayectoria que mezcla política, defensa social y ahora, un episodio de violencia que pone en jaque la convivencia en las calles del Centro Histórico.
El comercio informal, un problema latente en la Ciudad de México
El Centro Histórico vive una constante tensión entre grupos organizados de vendedores ambulantes y las autoridades municipales que buscan regular el espacio público. Este conflicto refleja la complejidad de una economía informal que sostiene a miles, pero también enfrenta órdenes administrativas y violencia ocasional.
Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares repitan. Mientras tanto, el caso de Diana Sánchez Barrios mantiene la atención sobre el cruce de intereses políticos, sociales y económicos en una de las zonas más emblemáticas y convulsionadas de la capital.
