Desde el final del sexenio 2018-2024, la inversión en obra pública fue perdiendo fuerza. Proyectos estratégicos quedaron varados o se ejecutaron con recursos limitados, dificultando el avance visible del país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por su parte, detectó un fenómeno inquietante: los costos de las obras terminadas, como la terminal aérea Felipe Ángeles, llegaron a cifras inesperadas. Su costo final ascendió a 89 mil millones de pesos, reflejando un aumento en gastos que superaron varios presupuestos originales. Esta diferencia puso en evidencia no sólo un incremento en los costos oficiales, sino también una caída en la inversión efectiva, generando un cuello de botella para la infraestructura y la movilidad urbana.
Las verdaderas caras de las obras incompletas
En la Ciudad de México, la administración local admitió los estragos causados por algunos proyectos de obra pública. Daños estructurales, retrasos y una calidad por debajo de lo esperado no solo empeoraron el entorno urbano; también tensaron la cotidianidad de los residentes. La congestión vial, otro eterno desafío, se agravó por trabajos extensos que dificultaron el tránsito y alteraron la rutina de millones de ciudadanos. La molestia se tradujo en más horas perdidas en el tráfico y en un ambiente urbano menos habitable.
Impactos ambientales y tensiones viales
El equilibrio entre desarrollo y cuidado ambiental sufrió golpes sensibles. La Secretaría de Medio Ambiente alertó sobre el deterioro provocado en algunos proyectos carreteros por el elevado tránsito y el constante paso de vehículos de carga pesada. Esta realidad no sólo afectó la durabilidad del pavimento, sino también complicó la salud de los ecosistemas en las zonas aledañas.
Diagnóstico y desafíos para la infraestructura nacional
El Programa de Medición de Infraestructura, tras un análisis detallado en 2024, indicó que los avances en desarrollo y mantenimiento aún son insuficientes. Las obras realizadas no se ajustaron al ritmo acelerado de crecimiento y densificación urbana, dejándonos con una infraestructura que no responde a las necesidades reales. La conclusión fue clara: la planificación y gestión de los recursos públicos requieren una mirada más estratégica y eficiente para hacer frente a la creciente demanda.
Por su parte, la Secretaría de Turismo y sectores encargados de vialidades observaron una paradoja. Mientras el turismo crece de manera constante, la infraestructura vial destinada a apoyar estos flujos mostró deficiencias y, en ciertas zonas, obras que parecían innecesarias. Esta contradicción abrió un debate sobre la priorización y el uso responsable de los recursos, especialmente en áreas metropolitanas y urbanas donde el desarrollo acelerado sigue presionando los sistemas viales.
Un panorama que exige respuestas urgentes
La conjunción de inversión reducida, costos elevados y proyectos cuya ejecución no cumple las expectativas plantea un escenario complicado para el futuro. México enfrenta así la tarea de repensar cómo construir, invertir y administrar su infraestructura para que sea funcional, sostenible y que mejore la calidad de vida. Las autoridades analizan alternativas para corregir el rumbo y garantizar que las obras públicas no solo cambien el paisaje, sino que también respondan a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
