Un mercado en expansión y bajo la lupa fiscal
El negocio de juegos de azar y apuestas ha crecido de forma constante durante la última década, mostrando una transformación profunda. Los casinos físicos siguen siendo importantes, pero el verdadero motor está en las plataformas digitales. Antes de la pandemia, los ingresos ya rozaban los 2 mil millones de dólares, impulsados por la popularidad de eventos deportivos y la creciente accesibilidad al entorno digital.
Con estas cifras sobre la mesa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio un paso firme: exigir el registro obligatorio a todas las plataformas que operen apuestas dirigidas a usuarios mexicanos. Así, buscan afinar la supervisión y mejorar la recaudación fiscal en un terreno donde la informalidad puede ser difícil de controlar.
Reacción del sector y los riesgos en la regulación
Esta propuesta no ha pasado desapercibida para las empresas y cámaras que representan al sector. En sus planteamientos, advierten que un cambio tan drástico en el IEPS podría provocar que operen más plataformas no reguladas, un escenario que, según ellos, haría la fiscalización todavía más complicada y podría frenar inversiones.
Además, el debate sobre la regulación toca puntos sensibles, como la protección a los usuarios. Más de un millón de mexicanos apuestan en línea, con un perfil principalmente masculino, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los controles para prevenir riesgos asociados como la ludopatía.
Un espacio para pulir el marco normativo
Aunque el sector tiene un potencial económico significativo, expertos en regulación insisten en que la normativa vigente aún debe adaptarse a la diversificación del mercado y a los desafíos sociales. El equilibrio entre incentivar la formalidad, proteger a los usuarios y asegurar ingresos fiscales sostenibles continúa siendo el centro del debate.
Evaluación continua y desafíos por delante
Las autoridades mantienen abiertas las evaluaciones sobre esta reforma tributaria, conscientes de que los cambios fiscales pueden tener impactos económicos y sociales profundos. La intención es clara: generar recursos fiscales adicionales sin perder de vista la necesidad de controles efectivos en un mercado que no deja de crecer y transformarse.
