La ciudad de Tequila, reconocida por su emblemática industria y su atractivo turístico, se encuentra en el epicentro de una polémica política y social que no deja indiferente a nadie. Un proceso abierto por la Fiscalía de Jalisco contra el alcalde Diego Rivera Navarro ha puesto bajo escrutinio su manejo del gobierno local, tras múltiples denuncias por presunto acoso y extorsión.
Acusaciones de funcionarias municipales tensan el clima político
Funcionarias que forman parte del ayuntamiento, algunas ligadas a los partidos Morena y PRI, dieron un paso adelante para señalar al edil por conductas que califican como violencia de género y presión política. Estas acusaciones no solo desataron un debate local, sino que también llamaron la atención del gobernador Pablo Lemus, quien ha pedido que la investigación se lleve a cabo con rigor y sin que intervengan intereses partidistas.
Reacciones cruzadas y un evento que avivó la controversia
Un grupo de regidoras y representantes de cuatro fuerzas políticas expresaron su rechazo ante lo sucedido, alertando sobre cómo estas conductas afectan la estabilidad social en un municipio cuya vida gira en torno a la producción del tequila y al turismo sustentable. La polémica escaló cuando el alcalde organizó un evento navideño donde, según reportes, entregó un vehículo con los emblemas de Morena. Este acto fue interpretado por varios actores como un despliegue político, lo que complicó aún más el clima en la municipalidad.
El pulso entre responsabilidades y transparencia
Las investigaciones siguen en curso para profundizar en las denuncias y definir la posible responsabilidad de Rivera Navarro. Enfatizando la colaboración con las autoridades, el gobierno municipal ha expresado su compromiso para contribuir a la transparencia del proceso. Los habitantes y actores políticos de Tequila observan con atención cómo este episodio marcará los próximos capítulos del gobierno local y el ambiente político-social que se vive en esta región emblemática de Jalisco.
Un municipio en vigilancia frente a un momento decisivo
La situación aún está lejos de resolverse y la fiscalía mantiene la carpeta de investigación abierta. Con el foco puesto en preservar la legalidad y el respeto a los derechos de las funcionarias afectadas, la comunidad espera que el proceso aporte claridad y permita avanzar hacia un entorno político más responsable y equilibrado.
