Un mapa fragmentado de derechos
El camino comenzó a abrirse en 2019, cuando Oaxaca eliminó las sanciones penales para la interrupción del embarazo, un movimiento seguido por varios estados que han ido modificando sus legislaciones. En 2021, entidades como Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima dieron pasos fundamentales al despenalizar el aborto. Más recientemente, durante 2025, Nayarit sumó su aprobación para permitir la interrupción voluntaria hasta las 12 semanas de gestación.
No obstante, esta evolución no ha sido uniforme. En siete estados aún no se han concretado reformas que aseguren el derecho a decidir dentro del marco legal, lo que significa que en estas regiones se mantienen estrictas restricciones penales. La criminalización persiste y castiga a quienes optan por interrumpir su embarazo, dejando al descubierto una profunda desigualdad territorial.
Entre el papel y la práctica: el acceso que todavía falla
Más allá de la letra de la ley, el acceso efectivo al aborto legal enfrenta múltiples barreras en la práctica. Instituciones de salud en estados donde la interrupción del embarazo ya está autorizada reportan retrasos y negativas en la prestación del servicio. Casos documentados en Tabasco, Tlaxcala y en la propia Ciudad de México muestran que hospitales públicos a menudo posponen o niegan procedimientos que la legislación ampara.
Esta realidad evidencia la brecha entre el avance normativo y su implementación. Las instituciones deben confrontar problemas internos, falta de protocolos claros y, en ocasiones, la negativa de personal médico, que obstaculizan que el derecho garantizado se traduzca en un servicio accesible y seguro.
Un récord en la capital mexicana
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha registrado que, entre 2007 y 2024, se realizaron más de 200 mil interrupciones legales del embarazo en la capital del país. Este volumen refleja el impacto y la demanda real por un acceso seguro, pero también la necesidad de seguir eliminando obstáculos para que estas cifras puedan crecer bajo condiciones dignas y respetuosas.
Desafíos que permanecen en el horizonte
A pesar de los avances, la persistente criminalización en diversas entidades mantiene a muchas personas en riesgo de procesos penales. Esta disparidad entre estados crea un panorama que depende más de la ubicación geográfica que de un estándar nacional, afectando la vida y las decisiones de quienes buscan interrumpir un embarazo.
El progreso legislativo se mantiene en curso, con los gobiernos estatales y federales impulsando esfuerzos para ampliar el acceso, reducir barreras y evitar riesgos legales o institucionales. Sin embargo, la garantía efectiva del derecho a decidir sin obstáculo institucional continúa siendo una meta pendiente en varias regiones del país.
Este proceso revela mucho más que una reforma legal: es un reflejo del reto que implica transformar estructuras sociales, culturales y administrativas para que los derechos fundamentales sean plenamente tangibles en la vida cotidiana.
