Un registro alarmante y estados en la mira
El estado de Veracruz figura entre los más golpeados por este fenómeno, pero no es el único. El informe de la organización Integralia revela un promedio de más de un ataque diario contra actores políticos durante el 2025, con un total de 382 incidentes enmarcados en la violencia político-electoral. Este patrón refleja un rostro preocupante de la confrontación que no solo afecta a candidatos, militantes y funcionarios, sino también a la estabilidad de las comunidades donde estos hechos ocurren.
Violencia de género en el foco público
Las mujeres enfrentan una doble barrera: la violencia política en razón de género se mantiene como uno de los obstáculos más graves para su plena participación en la vida pública. Hasta marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Sancionadas ha contabilizado 476 casos de este tipo de agresión. Ante esta realidad, la administración electoral, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzó una plataforma virtual de capacitación dirigida a candidatas para el proceso electoral 2023-2024. La intención es clara: fortalecer herramientas para enfrentar la violencia política de género y promover entornos más seguros y equitativos.
Estrategias contra la violencia y esfuerzos simultáneos
Universidades y expertos han insistido en que la solución pasa por un enfoque integral que priorice la prevención y la gestión de la paz, mientras la emergencia de grupos del crimen organizado en las elecciones locales del 2024 añade una capa extra de complejidad. Estos grupos han ido ganando terreno en los procesos electorales subnacionales, condicionando y en algunos casos desfigurando el ejercicio político legítimo.
Monitoreo constante y desafíos por delante
Las autoridades y las organizaciones civiles mantienen un seguimiento activo para evaluar el impacto de esta violencia político-criminal, al mismo tiempo que se intensifican los esfuerzos para erradicar la violencia política contra las mujeres—considerada un factor que limita derechos políticos y humanos fundamentales. Sin una estrategia efectiva, los próximos procesos electorales, incluyendo los comicios judiciales, podrían quedar aún más expuestos a riesgos crecientes de violencia e impunidad.
